En esta edición compartimos la columna de opinión publicada hoy en El Mercurio de Antofagasta por Jorge Lawrence, director Legal de la Red Educacional Magíster (REM) y presidente de COPANOR. En ella aborda algunos de los principales desafíos del sistema educativo, reflexionando sobre la necesidad de focalizar los esfuerzos en aquellas prioridades que hoy demandan las comunidades escolares y el fortalecimiento de la calidad de la educación. Te invitamos a leerla a continuación:
«El viernes pasado tuvimos la oportunidad de sostener un enriquecedor encuentro con el exministro y académico José Joaquín Brunner, junto a diversos actores del mundo educacional. La conversación abordó algunos de los desafíos más urgentes que enfrenta la educación chilena tales como el deterioro de los aprendizajes, la crisis de convivencia escolar, el impacto de la inteligencia artificial, la sobrecarga curricular y la necesidad de recuperar una formación que prepare verdaderamente a los estudiantes para el siglo XXI.
Entre los problemas planteados surgió uno que, aunque pueda parecer secundario, refleja con claridad una forma de entender las políticas públicas. Me refiero a la obligación de implementar la asignatura Lengua y Cultura de los Pueblos Originarios Ancestrales en establecimientos donde su pertinencia resulta, a lo menos, discutible.
Partamos por aclarar que esta no es una crítica al reconocimiento de los pueblos originarios ni al enorme valor histórico y cultural de sus lenguas. Ese patrimonio merece ser protegido y fortalecido allí donde constituye una expresión viva de la identidad de las comunidades. El problema aparece cuando una política diseñada desde el nivel central desconoce la diversidad de las realidades locales e impone soluciones uniformes para contextos completamente distintos.
En numerosos colegios urbanos, la presencia de estudiantes pertenecientes a pueblos originarios es mínima o inexistente. Sin embargo, deben destinar tiempo curricular, reorganizar sus planes de estudio y buscar docentes que, en muchos casos, simplemente no existen. A ello se suma la escasez de materiales pedagógicos y una normativa cuya aplicación ha generado interpretaciones contradictorias entre establecimientos y sostenedores, incrementando la incertidumbre en un sistema que ya enfrenta múltiples exigencias.
La paradoja es evidente. Mientras las escuelas luchan por recuperar aprendizajes en lectura y matemáticas, fortalecer la convivencia escolar y enfrentar los desafíos derivados de la inteligencia artificial, el sistema continúa agregando obligaciones curriculares cuya pertinencia no siempre responde a las necesidades reales de cada comunidad educativa.
Esta discusión tampoco puede separarse del contexto político reciente. Durante el proceso constitucional de 2021 y 2022, el reconocimiento de los pueblos originarios ocupó un lugar central en el debate nacional. La presidencia de Elisa Loncón en la Convención Constitucional simbolizó una etapa en la que la plurinacionalidad y las reivindicaciones identitarias adquirieron un protagonismo inédito. Sin embargo, el posterior rechazo ciudadano a esa propuesta constitucional mostró que una parte importante del país no compartía la profundidad de esos cambios ni su prioridad frente a otros desafíos.
Hoy pareciera que algunas de esas definiciones continúan proyectándose sobre el currículo escolar, pese a que las preocupaciones de las familias y de las comunidades educativas son otras.
En un mundo profundamente transformado por la inteligencia artificial, probablemente la mayor necesidad de nuestros estudiantes no sea incorporar más asignaturas obligatorias, sino fortalecer aquellas capacidades que ninguna máquina podrá reemplazar fácilmente tales como el pensamiento crítico, el razonamiento lógico, la deliberación ética y la capacidad de formular buenas preguntas. En esa tarea, disciplinas como Filosofía y las demás humanidades parecen mucho más estratégicas que seguir ampliando un currículo ya sobrecargado.
La educación requiere políticas pertinentes y no simbólicas. Preservar las lenguas originarias es un objetivo valioso cuando responde a la realidad de una comunidad. Convertirlo en una obligación generalizada, sin considerar el contexto de cada establecimiento, termina debilitando aquello que toda buena política educativa debería resguardar: La capacidad de priorizar lo verdaderamente importante por sobre lo meramente simbólico.
Esperemos que el Ministerio de Educación y el Consejo Nacional de Educación reevalúen la incorporación de esta asignatura en el currículum nacional, colaborando así a que los establecimientos puedan enfocar sus energías donde realmente es necesario. Sólo así avanzaremos en elevar la calidad de la educación en nuestro país».
